En este documento analizamos la reforma de 1995 al sistema mexicano de pensiones. Con esta reforma se sustituyó el anterior sistema de reparto por uno de capitalización con cuentas individuales y una pensión mínima garantizada. En el siguiente capítulo analizamos las características básicas del antiguo sistema de seguridad social en México así como las razones que llevaron a su reforma. En el capítulo tres discutimos los rasgos principales de la reforma aprobada en diciembre de 1995, incluyendo el análisis de ciertos aspectos específicos relacionados al diseño del nuevo sistema que lo hacen distinto al resto de las recientes reformas llevadas a cabo en otros países latinoamericanos. En el cuarto capítulo discutimos los costos de la reforma basándonos en los resultados de varias simulaciones realizadas con un modelo actuarial. En el quinto capítulo comentamos algunos de los posibles efectos de la reforma sobre el ahorro y el desarrollo del sistema financiero. En el último capítulo concluimos con algunos comentarios finales. 

La reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor a partir del primero de julio representa una de las políticas de más trascendencia económica y social para el país durante las próximas décadas. Las reformas a la Ley del Seguro Social (LSS), que en diciembre de 1995 dieron lugar al nuevo sistema de pensiones, no se limitan a la postergación de la crisis financiera de un sistema actuarialmente inviable, como ha sido el caso en las sucesivas reformas de la LSS en años recientes. La reforma al sistema de pensiones en México consiste en una profunda reestructuración en donde se pasa de un sistema de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas y en donde se pasa de un sistema de reparto o de pago sobre la marcha a uno de capitalización individual.  Los principales beneficios del nuevo sistema de pensiones se relacionan con los siguientes tres temas: (1) el fomento al ahorro interno, (2) la profundización de los mercados financieros y (3) la flexibilización y formalización de los mercados laborales. 

Este artículo presenta una evaluación al costo de la reforma a la seguridad social en México, la cual fue expedida por el Congreso en diciembre de 1995 y entrará en vigor en julio de 1997. Medir el costo de un sistema de protección social, a nivel social o de costo para el Estado, es un ejercicio más amplio que medir el impacto sobre el gasto público. En esta introducción se revisarán algunos elementos necesarios para realizar una evaluación general y en las secciones posteriores se abordarán algunos elementos específicos. 

Durante los últimos quince años el sistema de cuentas individuales de contribución definida (CD) puesto en marcha en la reforma chilena de 1980 se ha extendido a Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay. Aunque la reforma al sistema de pensiones en cada uno de estos países tiene sus propios aspectos idiosincráticos, todos comparten las características principales del modelo chileno, a saber, cuentas individuales, contribuciones obligatorias, ahorros manejados por un intermediario financiero especializado (AFPs) y decisiones de inversión de cartera sujetas a un marco regulatorio especial. Es muy pronto para valorar si el nuevo paradigma sobre las pensiones proveerá de un medio eficiente para transformar el ahorro de los trabajadores y jóvenes en un flujo de ingresos al momento de su retiro, así como para cubrir a los individuos ante eventualidades. Sin embargo, ya es posible: i) determinar qué aspectos del nuevo modelo son claves para garantizar un rendimiento real sobre el ahorro consistente con las oportunidades de inversión; ii) identificar prácticas regulatorias que imponen altos costos en eficiencia; y iii) estudiar por qué el modelo CD o su predecesor, el sistema de beneficios definidos (BD), no han sido capaces de beneficiar a los pobres.